Política

Denuncia contra Raúl Canelo anticipa una batalla por el control del Jurado Nacional de Elecciones

Una denuncia por organización criminal contra Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, ha desatado una pugna que va más allá del gremio legal. En juego está el control del CAL y la influencia sobre el Jurado Nacional de Elecciones en un año clave para el rumbo político del país.

Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, sería atacado por temas políticos. Foto: La República
Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, sería atacado por temas políticos. Foto: La República

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) atraviesa una disputa. A tan solo un año de que esta institución clave elija a su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el actual decano, Raúl Canelo Rabanal, enfrenta una denuncia penal por el presunto delito de organización criminal, interpuesta el pasado 27 de mayo. Pero más allá del expediente, el contexto mostrarían que esta ofensiva legal es parte de una disputa política que busca controlar el destino del CAL y su influencia electoral en el JNE.

El JNE está compuesto por cinco miembros: representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Colegio de Abogados de Lima, y de los decanos de universidades públicas y privadas. Este organismo no solo supervisa los comicios, sino que también garantiza la legitimidad de los procesos electorales en el país.

A pocas horas de que el caso se hiciera público, el sector que se opone a la salida de Canelo, conformado por un gran sector del gremio al que influye en la elección del poderosos representante del CAL ante el JNE, una figura clave en los decisivos comicios de 2026.

La denuncia fue presentada por el abogado Moisés Borja Torres acusando a treinta personas de integrar una estructura ilegal dentro del CAL, con supuestos propietarios adquiridos fraudulentamente, abuso de autoridades y usar el aparato disciplinario para tomar el control de la institución.

El abogado Raúl Mendieta se refirió a la denuncia penal presentada por Borja, y la calificó como infundada y carente de sustento legal. "Esa denuncia es un mamarracho, imagino que una fiscal especializada rechazará preliminarmente esta denuncia sin atisbos de abrir investigación o diligencias previas. No merece si quiera que le presten atención", puntualizó.

Entre los mencionados están miembros del Consejo de Ética, la Junta de Vigilancia, y delegados de la Asamblea. En esa línea, el documento de más de 30 páginas denuncia malversaciones, contratación de trabajadores fantasmas, uso indebido del poder disciplinario y una estrategia coordinada para inhabilitar a la directiva liderada por Canelo.

En ese contexto, Mendieta, sostiene que el proceso iniciado por el Ministerio Público presenta vicios graves desde su origen. "Esa denuncia viola las normas de competencia. La fiscal, atentando contra sus reglamentos y protocolo, abre investigación y oficia. El doctor Canelo ha solicitado a través de su defensa la inhibición de la Fiscalía", declaró para este medio.

No obstante, lo que revela esta denuncia va más allá de un conflicto interno. Según Canelo , esta crisis se inscribe en una lucha de poder mayor, que involucra a actores del Ejecutivo y del Congreso interesados en controlar el aparato electoral a través del representante del CAL en el JNE.

Ha señalado directamente que funcionarios del Congreso, del Ministerio, Educación, así como uno de los principales colegios de jueces en suspensión motivada, según dice, han sido oposición clave que han usado la independencia jurisdiccional como máscara con un objetivo netamente político. El CAL, como parte del JNE, tiene influencia en las decisiones como procesos electorales, proclamación de resultados e incluso procesos de tacha. Por ello, la captura de sus sectores, para sus implicancias políticas, ha sido históricamente codiciada por asegurar una gestión indirecta de los regresos del poder hacia el 2026.

Ha señalado directamente que funcionarios del Congreso, del Ministerio, Educación, así como uno de los principales colegios de jueces en suspensión motivada, según dice, han sido oposición clave que han usado la independencia jurisdiccional como máscara con un objetivo netamente político. El CAL, como parte del JNE, tiene influencia en las decisiones como procesos electorales, proclamación de resultados e incluso procesos de tacha. Por ello, la captura de sus sectores, para sus implicancias políticas, ha sido históricamente codiciada por asegurar una gestión indirecta de los regresos del poder hacia el 2026.

Es importante recordar que en las elecciones de Pedro Castillo, el voto del representante del CAL ante el JNE fue decisivo para validar los resultados en medio de las impugnaciones promovidas por sectores ultraderechistas. O sea, que puede inclinar la balanza en los momentos más críticos de un proceso electoral.

En el 2024, el decano resultó elegido con mayoría relativa como representante ante el JNE, y su presencia ha generado el equilibrio de poderes tras sus reglamentos y protocolos, lo que representantes de otros sectores ven como una barrera.“El caso deriva de una defensa en ámbitos más de la Fiscalía”, declaró para este medio.

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