El Consejo Fiscal envió un comunicado en el que reafirma que la Municipalidad Metropolitana de Lima "ha concertado niveles de endeudamiento excesivos dada su capacidad de generación de ingresos propios".
La entidad fiscal advierte que, con la reciente emisión de bonos por S/1.300 millones, la deuda de la gestión de Rafael López Aliaga se habría multiplicado por más de 3,4 veces desde 2022, aproximadamente S/4.754 millones.
Así, el saldo de deuda total (SDT) a ingresos corrientes —es decir, la proporción entre toda la deuda pendiente y los ingresos que la Municipalidad recibe regularmente para su funcionamiento— alcanzaría aproximadamente el 379%, lo que representa casi cuatro veces el límite establecido en la regla fiscal de aplicación general.
Con este nivel de endeudamiento, señala el organismo autónomo que vela por el sostenimiento de las finanzas públicas, la Municipalidad de Lima comprometería la provisión adecuada de servicios públicos de las futuras administraciones ediles. Esto debido a tres razones:
Señala la entidad fiscal que el análisis de las calificadoras de riesgo se centra en la probabilidad de pago de la deuda financiera por parte de la entidad evaluada. Por su parte, el objetivo de las reglas fiscales es garantizar la sostenibilidad fiscal de la entidad, lo cual implica honrar sus deudas sin necesidad de recurrir a rescates del Gobierno Central, y establecer las condiciones para la provisión de servicios bajo su competencia a la población, en un horizonte de largo plazo.
Cabe recordar que la Municipalidad de Lima está exonerada del cumplimiento de las reglas fiscales por una excepción en el marco legal, la cual ha sido cuestionada por el Consejo Fiscal desde que fue establecida en el Marco de Responsabilidad y Transparencia Fiscal de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (MRTF-SN) en 2016.
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Tal como lo reportó La República hace una semana, la agencia internacional Moody’s rebajó la calificación crediticia de la Municipalidad de Lima (Issuer Rating) de Baa3 a Ba1, retirándola oficialmente del grado de inversión como emisor y ubicándola en el nivel de grado especulativo o “bono basura”.
La acción responde tras la tercera emisión de bonos de la administración de Rafael López Aliaga por S/1.300 millones, el último tramo de su "ambicioso plan de endeudamiento", que terminó reduciendo su capacidad fiscal. Dichos fondos serán destinados a cinco proyectos de infraestructura.
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