El gobierno de Donald Trump ha presentado este lunes una solicitud ante la Corte Suprema de Estados Unidos para reanudar las deportaciones de cerca de 200 inmigrantes venezolanos en Texas. De acuerdo con información de CNN, estos individuos están siendo investigados por supuestos vínculos con organizaciones criminales, entre las que se destaca una posible conexión con el Tren de Aragua.
Según los documentos judiciales, los detenidos, originarios de Venezuela, fueron custodiados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros tras ser considerados un riesgo para la seguridad pública.
El Gobierno de Donald Trump advierte sobre las faltas que pueden causar la deportación de inmigrantes en EE.UU.
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De acuerdo con CNN, la solicitud fue presentada por John Sauer, procurador general del Departamento de Justicia. En el documento se declaró que 176 inmigrantes venezolanos permanecen detenidos y que algunos de ellos habrían estado relacionados con el Tren de Aragua, designado como organización terrorista extranjera por Estados Unidos.
Además, el informe judicial detalla que en el Centro de Detención Bluebonnet, ubicado en Anson, Texas, se registró un incidente en el que 23 inmigrantes se atrincheraron en una unidad habitacional. Durante horas, los detenidos habrían amenazado con tomar rehenes y causar daños a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las autoridades trasladaron posteriormente a los involucrados a otra instalación dentro del mismo estado.
Sauer indicó en su petición que "el traslado de estos prisioneros a otras instalaciones crea riesgos constantes de reclutamiento en prisiones y la expansión de las actividades de la pandilla Tren de Aragua dentro de Estados Unidos".
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La Ley de Enemigos Extranjeros fue promulgado en siglo XVIII y permite al gobierno de Estados Unidos deportar a ciudadanos de países enemigos en tiempos de guerra. Ahora, la administración de Donald Trump la ha invocado argumentando preocupaciones de seguridad nacional.
El pasado mes, la Corte Suprema había prohibido de manera temporal al gobierno utilizar esta norma para agilizar las deportaciones de inmigrantes, exigiendo garantizar el derecho de los afectados a ser notificados y a presentar objeciones legales.
La situación legal de los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos ha experimentado cambios significativos en los últimos años. Durante la administración de Joe Biden, se implementaron medidas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el parole humanitario, que permitieron a cientos de miles de venezolanos vivir y trabajar legalmente en el país debido a la crisis humanitaria en Venezuela. Sin embargo, desde el regreso de Donald Trump a la presidencia en 2025, estas protecciones han sido objeto de controversia y cambios.
En abril de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la cancelación del TPS para venezolanos, afectando a aproximadamente 350,000 inmigrantes que dependían de este beneficio para residir y trabajar legalmente en EE.UU.