EEUU deporta por error a migrante venezolano con protección legal y termina encarcelado en CECOT en El Salvador
El caso de Daniel Lozano Camargo pone en evidencia fallos en el sistema migratorio de Estados Unidos y despierta alarma entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
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Daniel Lozano-Camargo, un joven venezolano de 20 años, fue deportado por error desde Estados Unidos a El Salvador, a pesar de contar con protección legal vigente. Su caso revela graves fallos en los mecanismos migratorios de la administración Trump y expone a cientos de migrantes a riesgos inminentes. El joven permanecía amparado por una orden judicial que le permitía continuar su proceso de asilo en territorio estadounidense, sin embargo, fue arrestado y enviado a una cárcel de máxima seguridad sin que mediara una investigación seria ni se respetaran sus derechos fundamentales.
Las autoridades salvadoreñas lo trasladaron a la prisión conocida como CECOT, diseñada para albergar a miembros de pandillas, donde quedó recluido junto con cientos de detenidos sin antecedentes penales. La administración estadounidense justificó su expulsión bajo argumentos de seguridad nacional, utilizando una ley destinada a conflictos armados. La situación provocó una inmediata reacción por parte de jueces federales y organismos humanitarios que ahora exigen su retorno inmediato y seguro.
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Deportación injustificada de migrante venezolano con estatus legal en Estados Unidos
Daniel Lozano-Camargo ingresó legalmente a Estados Unidos y estaba protegido por un acuerdo judicial firmado en 2024, que impedía cualquier deportación mientras se resolviera su solicitud de asilo. A pesar de este respaldo legal, el Departamento de Seguridad Nacional lo arrestó en febrero de 2025 y, sin presentar pruebas concluyentes, lo expulsó hacia El Salvador. Allí, las autoridades locales lo acusaron falsamente de estar vinculado al Tren de Aragua, una banda criminal transnacional que ha sido utilizada por distintos gobiernos para justificar medidas extremas contra migrantes.
La deportación se ejecutó ignorando no solo el fallo judicial vigente, sino también la evidencia presentada por su defensa legal. Los abogados de Lozano-Camargo demostraron que el joven no tenía vínculos con ninguna organización delictiva. Aun así, fue incluido en un vuelo junto a más de 200 personas y posteriormente encerrado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), un penal de extrema vigilancia donde los reos conviven sin contacto con el exterior.
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Violación del debido proceso y uso arbitrario de la Ley de Enemigos Extranjeros
Para justificar la expulsión, el Departamento de Justicia invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 destinada a situaciones de guerra. Según el argumento oficial, Lozano-Camargo representaba una amenaza para la seguridad del país. Sin embargo, la aplicación de esta ley en un contexto migratorio generó un fuerte rechazo entre expertos legales, quienes calificaron la decisión como una grave distorsión jurídica y una violación flagrante del debido proceso.
La jueza federal que conocía su caso ordenó la anulación inmediata de la deportación y exigió su regreso a territorio estadounidense. Pese a ello, el gobierno se ha negado a acatar el fallo. Además, ha planteado rechazar su solicitud de asilo bajo el argumento de que su detención en El Salvador podría constituir prueba de su supuesta peligrosidad, a pesar de que no existe sentencia ni acusación formal en su contra. La negativa oficial ha puesto en evidencia un patrón de criminalización de migrantes basado en sospechas y no en pruebas.
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Críticas a la política migratoria de Trump y el impacto en los derechos humanos
Organizaciones defensoras de derechos humanos como Human Rights First y ACLU han denunciado el caso como un ejemplo extremo de abuso migratorio. Señalan que la administración Trump ha construido un enfoque de seguridad nacional que atropella los derechos individuales de migrantes protegidos por leyes internacionales. En el caso de Lozano Camargo, la falta de revisión legal adecuada y el uso de mecanismos de excepción reflejan una estrategia sistemática para eliminar garantías mínimas.
El encarcelamiento de un joven sin antecedentes, con documentación legal y sin juicio, ha despertado alarma en organismos internacionales. Las presiones crecen para que el gobierno estadounidense revierta la medida y permita su retorno. Mientras tanto, Daniel permanece incomunicado en una prisión que ha sido señalada por organismos de la ONU por sus condiciones inhumanas. Su caso se suma a una lista creciente de deportaciones erróneas que dejan en entredicho la fiabilidad del sistema migratorio actual.
